Derechos de las prostitutas prostituirse

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Son los juristas y los Estados quienes tienen que definir esos rótulos en todos los países —y la ciudadanía tiene el deber de aceptar y respetar a estas personas en el libre desarrollo de su personalidad y en el ejercicio de sus derechos sexuales sin importar opiniones personales y etiquetas. Y eso es así porque, desde siempre, los trabajadores de todos los campos han tenido que luchar para lograr obtener derechos y ser tratados con dignidad.

Es decir, desde siempre han sido los trabajadores y las trabajadoras de todos los campos quienes han dignificado su trabajo: Por eso, NO estamos de acuerdo con ninguna modalidad en que las trabajadoras sexuales estén casadas con un contrato laboral directo con los dueños del negocio, porque esto lo que hace es crear un vínculo de poder peligroso que se presta para abusos laborales.

Opinamos que no podemos manejar el reglamento laboral del trabajo sexual del mismo modo que se maneja cualquier otro trabajo y eso no significa despojar a las trabajadoras y trabajadores sexuales de DD.

Estas personas deben tener la garantía de la libertad de poder irse del lugar de trabajo cuando así lo dispongan sin ninguna atadura económica, de contrato o de cualquier índole. Y debe existir una discriminación positiva pues estas personas trabajadoras del sexo frecuentemente pertenecen a grupos que ameritan particular atención, como son las mujeres, la población LGTBI; e incluso pertenecen en algunos casos a poblaciones minoritarias como las afrocolombianas o las indígenas, siendo así personas en alto riesgo de vulneración y abuso.

Pero hay otras a las que les dan la vuelta , es decir que las suben a la patrulla y las matan en las afueras de la ciudad. Las mujeres prostitutas, por su parte, se quejan también de los malos tratos de la autoridad. El fallo del Tribunal, con ponencia del magistrado Lucas Quevedo Díaz, y con sala de Aída Rangel y Abelardo Rivera Llano, señala que en el marco de esos programas de recuperación de sectores no se puede violar el derecho fundamental al trabajo siempre y cuando sus actividades se limiten a las establecidas para tales sitios, obviamente sin que lleven aparejados la comisión de hechos punibles, situación del todo inaceptable.

Si a una dice un travesti la dejaran trabajar en paz, sin molestarla, no tendría que hacer cosas indebidas como cruces de droga y eso Claro que por unas niñas pagamos todas, porque no todas robamos, pero la gente cree que ser travesti es ser delincuente.

Todos los afectados se mostraron de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal. Es que esto de verdad es un trabajo. Independiente, pero un trabajo. Por eso no nos pueden echar de aquí sin solucionarnos el problema.

El Tribunal dijo que teniendo en cuenta los hechos y la faltas de un soporte probatorio que confirme los cargos que se le imputan al Hotel La Florida, sería procedente tutelar el derecho al trabajo de Zobeida Martínez. El Tribunal, sin embargo, confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado 43 Penal del Circuito y negó las pretensiones de la mujer.

Lo que nos dijeron en las entrevistas que, en su día, mantuvimos con Ruiz Gallardón y Manzano va en esta dirección: El PSOE sigue con sus contradicciones internas aunque mayoritariamente su posición se resume en las declaraciones de Simancas el candidato a la Comunidad de Madrid: Por otro, se empieza a notar la presión de los grupos abolicionistas en las reuniones europeas.

Las leyes que, hasta este momento, existen en los diferentes países no contemplan los intereses de las trabajadoras. Sobre este caso yo destacaría tres problemas.

Uno, que no es suficiente que se den de alta como trabajadoras y paguen impuestos: Dos, el problema específico que viven las inmigrantes: Tres, los problemas en la concesión de licencias: En algunas localidades se han aprobado disposiciones municipales que endurecen las medidas contra la prostitución de calle.

O en Italia que van en la misma línea, aunque, de momento, han conseguido parar las medidas que proponía el Gobierno de Berlusconi. Todo ello envuelto en la propaganda de la lucha contra la inseguridad ciudadana, asimilando prostitución a drogas y delincuencia. En este sentido no parece que los aires que corren por Europa sean favorables ni casuales. En primer lugar, de la necesidad de la defensa de las trabajadoras sexuales, esto es lo fundamental.

En este camino podemos coincidir con unos y otros, pero de manera coyuntural. En segundo lugar, de la urgencia del reconocimiento de derechos humanos, sociales y laborales para las trabajadoras del sexo. Estamos en contra de la reglamentación o regulación de la prostitución que no parta de este principio. Se debe exigir su reconocimiento y su presencia en cualquier medida que se tome. En cuarto lugar, de la necesidad y urgencia por acabar con las pésimas condiciones de trabajo y de vida en las que viven una amplia mayoría de trabajadoras.

Desde este punto de vista creo que hay que diferenciar entre las que trabajan en la calle por cuenta exclusivamente de ellas mismas y las que trabajan dependiendo, en una u otra medida, de terceros.

Y empecemos por las referidas a quienes trabajan en la calle Pero otras prefieren captar la clientela en la calle, pues, aunque implique mayores riesgos, también suele implicar mayor libertad frente a los lugares cerrados donde los dueños son los que imponen las condiciones de trabajo.

Es decir, no entrar en la regulación de las relaciones con el cliente y sí buscar o crear un epígrafe general en la Seguridad Social que pudiera permitirles acogerse a pensiones y demostrar que trabajan, lo digo sobre todo de cara a las inmigrantes para conseguir la residencia. Otro problema son las condiciones de trabajo.

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Pero hay muchos límites al desarrollo de una conciencia de sus derechos. Una, por la participación del Estado en las ganancias económicas que esta actividad genera.

Para ello, por ejemplo, se ponen en marcha impuestos especiales. Cuatro, por el control de la población, estableciendo, entre otras cosas, registros obligatorios para prostitutas para poder trabajar. Es el caso de Suecia. Suele ser la filosofía que acompaña las medidas prohibicionistas. El resultado es la corrupción extrema, la super-explotación y el que no se pueden juntar ni asociar las que ejercen la prostitución.

Los problemas principales son: En cuanto a fiolosofía de la tolerancia o despenalización, que es el caso de nuestro país, el problema fundamental es la falta de reconocimiento y de derechos de las trabajadoras del sexo.

Se toleran los locales de prostitución pero, al no ser reconocidos, las trabajadoras no pueden exigir nada sobre las condiciones de trabajo ni sobre los beneficios sociales que tienen el resto de trabajadores. La despenalización también puede ser utilizada para crear normativas municipales que controlen y discriminen especialmente a las inmigrantes. Por un lado, la Generalitat de Catalunya ha aprobado, en septiembre, una normativa para regular el ejercicio la prostitución.

La filosofía que la inspira es una mezcla de abolicionismo y tolerancia: Por otro lado, el PP en su Congreso de Madrid aprobó el tomar medidas similares a las de la Generalitat, y en el Cabildo Insular de Canarias presentó una propuesta en este mismo sentido. Lo que nos dijeron en las entrevistas que, en su día, mantuvimos con Ruiz Gallardón y Manzano va en esta dirección: El PSOE sigue con sus contradicciones internas aunque mayoritariamente su posición se resume en las declaraciones de Simancas el candidato a la Comunidad de Madrid: Por otro, se empieza a notar la presión de los grupos abolicionistas en las reuniones europeas.

Las leyes que, hasta este momento, existen en los diferentes países no contemplan los intereses de las trabajadoras. Sobre este caso yo destacaría tres problemas. Uno, que no es suficiente que se den de alta como trabajadoras y paguen impuestos: Dos, el problema específico que viven las inmigrantes: Tres, los problemas en la concesión de licencias: En algunas localidades se han aprobado disposiciones municipales que endurecen las medidas contra la prostitución de calle.

O en Italia que van en la misma línea, aunque, de momento, han conseguido parar las medidas que proponía el Gobierno de Berlusconi. Todo ello envuelto en la propaganda de la lucha contra la inseguridad ciudadana, asimilando prostitución a drogas y delincuencia. En este sentido no parece que los aires que corren por Europa sean favorables ni casuales. En primer lugar, de la necesidad de la defensa de las trabajadoras sexuales, esto es lo fundamental.

En este camino podemos coincidir con unos y otros, pero de manera coyuntural. En segundo lugar, de la urgencia del reconocimiento de derechos humanos, sociales y laborales para las trabajadoras del sexo. Estamos en contra de la reglamentación o regulación de la prostitución que no parta de este principio.

Se debe exigir su reconocimiento y su presencia en cualquier medida que se tome. En cuarto lugar, de la necesidad y urgencia por acabar con las pésimas condiciones de trabajo y de vida en las que viven una amplia mayoría de trabajadoras. Desde este punto de vista creo que hay que diferenciar entre las que trabajan en la calle por cuenta exclusivamente de ellas mismas y las que trabajan dependiendo, en una u otra medida, de terceros.

Y empecemos por las referidas a quienes trabajan en la calle Pero otras prefieren captar la clientela en la calle, pues, aunque implique mayores riesgos, también suele implicar mayor libertad frente a los lugares cerrados donde los dueños son los que imponen las condiciones de trabajo. Es decir, desde siempre han sido los trabajadores y las trabajadoras de todos los campos quienes han dignificado su trabajo: Por eso, NO estamos de acuerdo con ninguna modalidad en que las trabajadoras sexuales estén casadas con un contrato laboral directo con los dueños del negocio, porque esto lo que hace es crear un vínculo de poder peligroso que se presta para abusos laborales.

Opinamos que no podemos manejar el reglamento laboral del trabajo sexual del mismo modo que se maneja cualquier otro trabajo y eso no significa despojar a las trabajadoras y trabajadores sexuales de DD. Estas personas deben tener la garantía de la libertad de poder irse del lugar de trabajo cuando así lo dispongan sin ninguna atadura económica, de contrato o de cualquier índole.

Y debe existir una discriminación positiva pues estas personas trabajadoras del sexo frecuentemente pertenecen a grupos que ameritan particular atención, como son las mujeres, la población LGTBI; e incluso pertenecen en algunos casos a poblaciones minoritarias como las afrocolombianas o las indígenas, siendo así personas en alto riesgo de vulneración y abuso.

Entendemos que las personas que pagan por atención sexual con menores, o con personas víctimas de explotación sexual o del mercado clandestino de la sexualidad sí deben ser sancionadas penalmente y con todo el peso de la ley: Nuestra postura en Feminismo Artesanal sobre la medida que se ha tomado en algunos países de sanción a quienes pagan por atención sexual es la siguiente: La clandestinidad de la prostitución, así sea una decisión voluntaria, es nociva desde la perspectiva de DD.

Para que la ciudadanía y las personas trabajadoras del sexo comprendan que su trabajo es tan aceptable como cualquier otro y que no es motivo de vergüenza y menos de excusa social para que se justifique la violencia hacia estas personas es fundamental evitar, a como dé lugar, la clandestinidad de su ejercicio.

Dejo sobre el tintero las siguientes preguntas: Los derechos laborales en la prostitución.

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